La Oficina de Libertad Lingüística, una institución impulsada por Vox en su pacto de gobierno con el PP, comenzará a gestarse en septiembre y se espera que sea efectiva en 2024. Esta entidad sustituirá a la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, y su creación es uno de los puntos irrenunciables para los ultraderechistas en el Govern balear.
Esta nueva oficina pretende defender la libertad de uso y opción lingüística, protegiendo tanto el castellano como el catalán y las modalidades lingüísticas de las distintas islas. Sin embargo, su creación responde a una visión sesgada y errónea de la realidad lingüística en las Islas Baleares, donde el catalán, a pesar de ser el idioma propio, se encuentra en retroceso frente al castellano.
La Oficina de Defensa de Derechos Lingüísticos, que será desmantelada, tenía como objetivo proteger los derechos de los catalanoparlantes, quienes se encuentran en una situación de desventaja frente a los castellanoparlantes. La nueva entidad, en cambio, parece estar más enfocada en contrarrestar una supuesta “imposición del catalán” que, en realidad, no existe.
Vox ha utilizado este tema como bandera política, tergiversando la realidad y fomentando la polarización en torno a la cuestión lingüística. La creación de esta oficina, lejos de garantizar la libertad y la igualdad, puede contribuir a la discriminación y al debilitamiento del catalán, un idioma que ya se encuentra en una situación vulnerable.
Además, la dirección de la Oficina de Libertad Lingüística estará en manos de Vox, un partido que ha demostrado en múltiples ocasiones su hostilidad hacia el catalán y su desprecio por la diversidad cultural y lingüística. Esto pone en duda la imparcialidad y la efectividad de esta entidad a la hora de garantizar la protección de ambos idiomas.
La creación de esta oficina no es la única medida que los ultraderechistas han tomado en favor de eliminar “la imposición del catalán”. Recientemente, se derogó una ley municipal vigente por 35 años que garantizaba el uso del catalán en la administración pública. Estas acciones, lejos de fomentar la convivencia y el respeto, solo contribuyen a la polarización y al debilitamiento de la diversidad lingüística.
En lugar de ceder ante las presiones de la ultraderecha y de adoptar medidas que atentan contra los derechos lingüísticos de los ciudadanos, el Govern balear debería apostar por políticas que fomenten la igualdad y la convivencia entre los hablantes de ambos idiomas, garantizando el respeto y la protección de la riqueza cultural y lingüística de las Islas Baleares.