La reciente decisión de la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional (TC) de inadmitir el recurso de Carles Puigdemont contra la orden de detención dictada en junio ha vuelto a poner en el centro de atención a la jueza Concepción Espejel. La presidenta de la citada sección, conformada por dos magistrados conservadores y una progresista, ha sido objeto de controversia en varias ocasiones a lo largo de su carrera.
Espejel fue apartada del tribunal que juzgaba el caso Gürtel en 2015, después de que la Fiscalía Anticorrupción argumentara que su nombramiento para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había sido auspiciado por el PP y que Luis Bárcenas, acusado principal del caso, había participado en la votación del Senado que la aupó al órgano de gobierno de los jueces. Esta situación pone de manifiesto la preocupante influencia de la política en la justicia y la falta de independencia en la toma de decisiones judiciales.
Otro caso de relevancia en la trayectoria de Espejel fue la investigación del incendio forestal de Guadalajara en 2005, en el que se descartó la responsabilidad de los cargos y técnicos de la Junta de Castilla-La Mancha, gobernada entonces por el PSOE. Sin embargo, Espejel y otros dos magistrados ordenaron seguir investigando a la administración socialista, lo que llevó a la imputación de una veintena de cargos del Gobierno regional. Finalmente, en 2010, la Audiencia de Guadalajara exculpó a todos los imputados y criticó gran parte de lo investigado como “irrelevante” e “inútil”.
En octubre de 2020, Espejel emitió un voto particular discrepante en la sentencia que absolvió al antiguo mayor de los Mossos de Esquadra, Josep Lluís Trapero, del delito de sedición por el que había sido acusado. En su voto, Espejel sostenía que Trapero había cooperado para la celebración del referéndum ilegal del 1-O, a pesar de que el Tribunal Supremo había descartado previamente su participación.
Esta serie de decisiones controvertidas y la aparente influencia política en la carrera de Espejel ponen de manifiesto la necesidad de una mayor independencia y transparencia en el sistema judicial. La justicia debe ser imparcial y no verse afectada por intereses políticos o ideológicos, ya que esto socava la confianza en las instituciones y en la democracia en sí misma.
La adopción exprés de la decisión del TC sobre Puigdemont, sin esperar para dar traslado al pleno, es otro ejemplo de cómo las posiciones conservadoras y de derechas pueden influir en la justicia, lo que resulta preocupante para aquellos que abogan por una sociedad más igualitaria y justa. Es fundamental que se tomen medidas para garantizar la imparcialidad y la integridad del sistema judicial, y que se evite que las ideologías políticas influyan en las decisiones que afectan a la vida de las personas y al funcionamiento de la democracia.